Comentario

Los Consulados, como organismos encargados de proteger la actividad comercial y dirimir los pleitos entre los comerciantes, tenían ya una larga tradición en España, tanto en la Corona de Castilla (Burgos y Bilbao, más Sevilla para el tráfico americano bajo su versión de Universidad de Cargadores a Indias), como en la Corona de Aragón (Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Tortosa y Gerona). A lo largo del siglo XVIII, la actividad consular conoce un nuevo empuje, que puede quedar simbolizado en el traslado del Consulado de Sevilla a Cádiz (1717), la publicación de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao (1737) y el restablecimiento del Consulado barcelonés (suprimido tras el fin de la guerra de Sucesión) bajo la forma de Junta Particular de Comercio (más Tribunal y Matrícula) en 1758. Sin embargo, será la iniciativa oficial la que amplíe el marco geográfico de los Consulados en el último tercio del siglo, a partir de la invitación contenida en el Reglamento de Libre Comercio de 1778, cuyo artículo 53 tiene por "importante y utilísimo que en todos los puertos habilitados de España donde no hubiere Consulados de Comercio, se formen ahora con arreglo a las Leyes de Castilla e Indias". Para lo cual el monarca encarga expresamente a los secretarios de Estado, Indias y Hacienda "el formal establecimiento de estos Cuerpos Nacionales, para que protegidos eficazmente por mi real autoridad y auxiliados de las Sociedades Económicas de sus respectivas provincias se dediquen a fomentar la agricultura y fábricas de ellas y también a extender y aumentar por cuantos medios sean posibles la navegación a mis dominios de América".
Los Consulados aparecían, por tanto, como organismos destinados a constituirse en los puertos habilitados que no contasen ya con ellos, con una misión complementaria (y en algunos casos sustitutiva, al no existir sociedades patrióticas) de la de los Amigos del País, ya no sólo en el terreno específico del fomento del comercio (y no sólo del colonial), sino también en el de la agricultura y la industria, es decir de la economía en su conjunto. La llamada fue atendida por numerosos puertos habilitados, tanto en España (Palma de Mallorca, Alicante, Málaga, Sevilla, La Coruña y Santander) como en América.

En todos los casos, su labor se encaminó a la defensa de los intereses corporativos de los grupos integrados, al fomento general de la economía de la región y a la creación de las escuelas de formación profesional, exigidas por el desarrollo comercial y marítimo en primer lugar y finalmente por el conjunto de la vida económica. En este terreno, la Junta particular de Comercio de Barcelona marcó la pauta con el establecimiento de escuelas de Náutica, Dibujo, Comercio, Taquigrafía, Química, Agricultura y Mecánica. En los demás Consulados, el esfuerzo fue más discontinuo, pero todos crearon Escuelas de Náutica (menos Sevilla, que ya tenía la Escuela de Mareantes de San Telmo, a la que en todo caso dio nuevas ordenanzas en 1786), mientras se repartían otras especialidades: Málaga contó con Comercio, Dibujo e Idiomas; Sevilla, con Comercio, Matemáticas, Idiomas y Economía Política; Santander, con Comercio, Economía Política, Dibujo y Arquitectura.

Los Consulados desempeñaron por tanto funciones complementarias, cuando no sustitutivas, de las llevadas a cabo por las sociedades patrióticas, aunque con un sesgo más pronunciado hacia el comercio y la navegación, mientras los Amigos del País se orientaban preferentemente hacia la agricultura y la industria artesanal. Unos y otros aglutinaron asimismo a toda una serie de intelectuales que desenvolvieron en su marco importantes tareas de elaboración teórica y de realizaciones prácticas. Dos caras de la misma moneda, ambas instituciones representan la cristalización del esfuerzo ilustrado por renovar la economía regional a través de una amplia red de establecimientos que cubrieron buena parte de la geografía de España, América y Filipinas.